Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, el antiguo sistema de incapacitación ha sido sustituido por el establecimiento de medidas de apoyo adaptadas a cada persona con discapacidad. No se trata de incapacitar, sino de ofrecer apoyos que permitan a la persona ejercer su capacidad jurídica con la ayuda que necesite.
Ahora bien, ¿cuándo es recomendable acudir al juzgado para establecer estas medidas?
Cuando la persona con discapacidad gestiona mal su dinero
Una de las razones más frecuentes es cuando la persona empieza a tener problemas con la gestión económica:
- Gasta sin control, especialmente en compras online.
- Firma contratos o préstamos sin entender las condiciones.
- Acumula deudas o realiza transferencias sin sentido.
- Se deja llevar por promociones o falsas ofertas.
Ejemplo: María, de 58 años y con un principio de demencia, había solicitado varios microcréditos y comprado electrodomésticos innecesarios. Su familia intentó intervenir, pero ella no aceptaba ayuda. El procedimiento judicial permitió que se le asignara una medida de apoyo con funciones económicas, protegiéndola de mayores riesgos.
Cuando hay riesgo de abuso o influencia externa hacia la persona con discapacidad
A veces, la persona con discapacidad se ve influenciada por terceros, lo que puede derivar en decisiones perjudiciales. Es habitual en casos donde hay una vecina, pareja o conocido que actúa con intereses propios.
Ejemplo: Antonio, de 75 años, empezó a depender de una vecina que lo acompañaba a gestiones bancarias y al notario. Estaba a punto de firmar un poder a su favor. Sus hijos acudieron al juzgado para solicitar una medida de apoyo que impidiera este tipo de abusos.
¿Y qué pasa con la incapacitación judicial?
Muchas familias todavía preguntan: “¿Tengo que incapacitar a mi madre o a mi hermano?”
La respuesta es que la incapacitación judicial ya no existe como tal. Ahora el sistema es más flexible, se adapta a cada caso, y busca acompañar, no sustituir.
Sin embargo, el procedimiento judicial sigue existiendo, y en determinados casos sigue siendo la mejor forma de proteger a la persona con discapacidad frente a riesgos económicos, manipulaciones o conflictos legales.
¿Cuándo acudir al juzgado?
No todas las personas con discapacidad necesitan una medida judicial. Pero si observas alguno de estos indicios:
- Pérdida de control sobre su dinero.
- Influencias externas sospechosas.
- Necesidad de representación legal para actos concretos.
Entonces puede ser el momento de consultar con un abogado especializado y valorar iniciar el procedimiento.
Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, no estás solo. Cada caso necesita un análisis individual. Puedo ayudarte a valorar si procede solicitar judicialmente una medida de apoyo, lo que antes se conocía como incapacitación judicial.
Contacta conmigo y revisamos juntos la mejor forma de proteger a tu familiar. Si estás en El Puerto de Santa María, Jeréz o alrededores puedo atenderte de forma presencial. También atiendo online.
