Hoy quiero abordar una pregunta que me hizo un cliente recientemente: «¿Pero la incapacitación judicial no había desaparecido?»
Es un tema que genera confusión, así que vamos a aclararlo.
¿Qué es la incapacitación judicial?
La incapacitación judicial es un proceso legal que se utilizaba para proteger a personas que, debido a diversas circunstancias, no pueden tomar decisiones por sí mismas. Esto puede incluir a personas mayores, personas con discapacidades o aquellas que sufren de enfermedades como la demencia, alzheimer u otras enfermedades en la que la capacidad de decidir encuentra afectada.
La confusión sobre la «desaparición» de la incapacitación.
Es cierto que en los últimos años ha habido cambios significativos en la legislación sobre la incapacitación legal. La Ley 8/2021 busca promover la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, esto no significa que la incapacitación judicial haya desaparecido por completo. Lo que ha cambiado es la forma en que se abordarla, con la nueva normativa han aparecido las medidas de apoyo judicial
Por ejemplo, antes, la incapacitación judicial era un proceso más rígido y, en muchos casos, se consideraba que la persona quedaba «fuera de juego» en términos de toma de decisiones. Ahora, se busca un enfoque más flexible y respetuoso, donde se prioriza la voluntad y los deseos de la persona afectada.
¿Cuándo se necesita la incapacitación judicial?
La incapacitación judicial por demencia, Alzheimer, discapacidad intelectual o por otras condiciones de salud se puede solicitar cuando:
– La persona no puede gestionar sus propios asuntos financieros.
– No puede tomar decisiones sobre su salud o bienestar.
– Necesita protección legal para evitar abusos.
Por ejemplo, si un familiar padece Alzheimer y ya no puede manejar sus finanzas, podría ser necesario iniciar un proceso de incapacitación para asegurarse de que sus intereses estén protegidos.
¿Qué es necesario para incapacitar a una persona?
Para incapacitar a una persona, generalmente se requiere un proceso judicial que incluya la evaluación de su estado mental y la presentación de pruebas que demuestren que no puede tomar decisiones informadas sobre su vida. Sin embargo, con la introducción de las medidas de apoyo, el enfoque ha cambiado hacia la búsqueda de alternativas que respeten la autonomía de la persona, permitiendo que reciba la ayuda necesaria sin perder su capacidad jurídica.
Desde la reforma del 2021 este tema genera muchas dudas y consultas. Te animo a que si tienes un familiar que necesita apoyo para la toma de decisiones consultes cuales son las posibles formas de protegerlo, entre ellas la fijación de medidas de apoyo judiciales.
La decisión más acertada es la que se toma con la información adecuada.
Soy Alicia León y ofrezco asesoramiento legal experto desde mi despacho en Puerto de Santa María en procesos de incapacitación judicial, garantizando soluciones personalizadas y apoyo integral en Cádiz y Jérez de la Frontera.
